El 8 de marzo es el Día
Internacional de las Mujeres. El tema propuesto para reflexionar por parte de la ONU es “Por un planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de
género” se trata de analizar cómo acelerar los nuevos compromisos de los
gobiernos en materia de igualdad, empoderamiento de las mujeres y los derechos
humanos de las mujeres.
Ello implica que los
gobiernos adopten acciones decisivas, visibles y cuantificables. Y en ese
camino vamos las mujeres, empujando para que los gobiernos asuman su
responsabilidad. Tarea nada sencilla a la que muchos hombres, por fortuna, se
han ido sumando, porque buscan también, poner fin a la discriminación y la
violencia contra las mujeres y las niñas, así como garantizar igualdad de
participación y de oportunidades en todas las esferas de la vida.
Dentro de los derechos
humanos, los derechos políticos -ubicados como derechos de “primera generación”
que incluyen el derecho a elegir y a ser elegido; a participar en los asuntos
públicos; a la libertad de reunión y asociación; a reunirse con fines
políticos, entre otros- aluden, al conjunto de condiciones que hacen posible
para la ciudadanía participar en la vida pública e intervenir en las decisiones
que le afectan a las mujeres.
En México el derecho al
ejercicio de la ciudadanía está consagrado ya en nuestra Constitución, pero
nuestro derecho a la representación política se puso a prueba a la inclusión
del principio de paridad a nuestra Carta Magna en 2013, y hoy, emprendemos el
reto de impulsar en la normativa, la paridad horizontal y vertical para
candidaturas a presidencias municipales y ayuntamientos, de la misma manera que
se conduce la materia federal.
Si bien la paridad es un
propulsor determinante de la democracia cuyo fin es alcanzar la igualdad en el
ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de
participación y representación social; (Consenso de Quito, 2007) para lograr el
ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres; es necesario atender los retos
que la acompañan.
Primero, sin duda la
enorme necesidad de conciliar la paridad de género con la democracia interna de
los partidos políticos.
Segundo, el gran reto que
tiene que ver con la calidad de la representación sustantiva; lo deseable es
que tanto mujeres como hombres, sean postulados/as en base a trayectorias,
méritos y capital político.
Tercero, el diseño de
mecanismos que permitan garantizar a las mujeres su acceso, ya que todavía se
presenta una diversidad de obstáculos a enfrentar. Uno de ellos que sin duda es
reprobable e inaceptable, tiene que ver con la violencia política a la que nos
vemos sujetas las mujeres y por ello es necesario visibilizar y sancionar estos
actos. Se han presentado Iniciativas que todavía no concluyen procedimientos
legislativos a nivel federal -la Senadora poblana Lucero Saldaña es proponente-
pero Oaxaca hace unos días, ha legislado ya, sobre violencia política de
género.
Existe marco normativo
internacional, nacional y local que garantiza el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, y el fin de estas iniciativas es, proteger, atender,
sancionar y eliminar esta práctica que atropella derechos humanos de las
mujeres; porque hemos sido testigas de que a medida que
aumenta la incursión de las mujeres en la política, incrementa también el
riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia: actitudes, prácticas
discriminatorias y hasta hemos conocido de casos extremos de esta violencia:
atentados, golpizas y asesinatos de mujeres precandidatas o en funciones de
cargos de representación política.
¿Cuándo se presenta una
violencia política en contra de las mujeres? El Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y ONU Mujeres, señalan como acoso político,
discriminación y violencia las siguientes expresiones:
Como
precandidatas y candidatas:
·
Mal uso del presupuesto de los partidos
políticos etiquetado para la capacitación a mujeres.
· Simulación de
elecciones primarias para eludir la cuota.
· Envío a
distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación
proporcional.
· Presiones
para ceder o no reclamar la candidatura.
· Ausencia de
apoyos materiales y humanos.
· Agresiones y
amenazas durante la campaña.
· Trato
discriminatorio de los medios de comunicación.
Como
legisladoras y autoridades municipales electas:
·
Substituciones arbitrarias.
· Presión para
que renuncien a favor de sus suplentes.
Como
legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones:
·
Mayor exigencia que a los varones.
· Presión para
adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses.
· Acoso para
evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local.
· Ocultamiento
de información.
· Retención de
pagos, limitaciones presupuestales indebidas.
· Exclusión de
sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas.
· Desdén con
respecto a sus opiniones o propuestas.
· Segregación a
comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto.
· Trato
discriminatorio por parte de los medios de comunicación: su vida personal
puesta en tela de juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo.
· Destrucción o
daño a sus obras o de sus bienes.
En el ámbito
personal:
·
Difamación, desprestigio, burlas,
descalificaciones y calumnias.
Reto pendiente para que las mujeres ejerzamos no sólo el derecho al
ejercicio de nuestra ciudadanía; también, el derecho a una representación política sin
violencia y para ello los gobiernos deben adoptar acciones decisivas, visibles
y cuantificables.
@rgolmedo
Palabra de
Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.blospot.com
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